El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 100 violaciones durante el mes de noviembre en la isla, una de las cifras más altas en el segundo semestre del 2025.
En su informe mensual, titulado “Sin voz, ni derechos: balance represivo del régimen cubano”, la organización desglosa las acciones contra periodistas, comunicadores, medios independientes y ciudadanos que ejercen su derecho a opinar e informar fuera de los marcos oficiales.
Según el documento, ocurrieron 62 ataques a la libertad de expresión y 38 a la libertad de prensa en noviembre, cuando, de acuerdo con la metodología del ICLEP, el régimen activó los seis indicadores que mide la organización, con especial énfasis en ataques, amenazas y agresiones psicológicas, que se convirtieron en el principal mecanismo represivo del mes, con un incremento del 165 % respecto a octubre.
Estas acciones incluyeron campañas de difamación, intimidación directa, vigilancia, citaciones y hostigamiento sostenido, especialmente contra periodistas y medios independientes.
Uso abusivo del poder estatal, que registró un aumento del 233 %, con apoyo de instituciones públicas, funcionarios, fiscales y jueces para castigar la disidencia y simular legalidad en la represión.
Restricciones en el espacio digital, que se duplicaron, con censura en internet, bloqueos selectivos y la vigilancia digital como herramientas clave para limitar la circulación de información independiente.
En contraste, aunque las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas disminuyeron en términos numéricos, esta reducción no representó una mejora real, sino un desplazamiento estratégico hacia formas menos visibles, pero más sistemáticas de coerción.
Aunque no hubo en noviembre nuevos casos de arrestos o privación de libertad, el informe documenta la continuidad de castigos y represalias contra presos políticos ya encarcelados, lo que mantiene activo este mecanismo represivo.
En cuanto a la distribución geográfica, el 63 por ciento de las violaciones se registraron en La Habana, el principal foco de control político e informativo, debido a la mayor presencia de periodistas independientes, medios alternativos y actores cívicos.
Le siguen Santiago de Cuba (7%) y Matanzas (5%), territorios donde el aumento del activismo ciudadano y las denuncias públicas han generado una respuesta represiva sostenida.
Provincias como Guantánamo, Holguín, Villa Clara, Las Tunas y Pinar del Río presentan cifras menores, pero mantienen patrones similares de vigilancia, amenazas y citaciones arbitrarias.
Y también se registró de un caso de violación en el extranjero contra un director de medio independiente, lo que confirma, además, que el control informativo del régimen trasciende las fronteras nacionales.
Aunque los hombres (44) continúan siendo las principales víctimas de la represión directa, el informe evidencia un patrón diferenciado de hostigamiento contra mujeres periodistas y activistas (25), quienes enfrentan con mayor frecuencia amenazas, campañas de difamación, acoso psicológico y presiones dirigidas a sus entornos familiares.
El texto resalta que estas prácticas buscan no solo silenciar a la víctima directa, sino también amplificar el impacto emocional y social del castigo, al reforzar la autocensura y el miedo colectivo.
El informe identifica de manera clara a los principales perpetradores de estas violaciones.
La Seguridad del Estado se consolida como el principal y más determinante perpetrador, con 74 hechos documentados (77,1%).
A ella se suman la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el sistema penitenciario, el sistema judicial, ETECSA y, de forma especialmente alarmante, los medios de comunicación oficialistas, implicados en 49 hechos (51 %) como instrumentos activos de difamación, estigmatización y represión simbólica contra la prensa independiente.
Estos datos confirman, según los autores del informe, que la represión en Cuba es una política de Estado integral, donde los órganos de seguridad, las instituciones judiciales, el sistema penitenciario y el aparato mediático oficial actúan de manera coordinada para silenciar la crítica, controlar el discurso público y generar miedo social.
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